El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que en seis o siete meses se implementará en Perú el Fondo de Infraestructura que promueve la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de manera conjunta

Agregó que en países como Colombia tomó esa cantidad de meses implementar este tipo de fondos y es el tiempo normal que emplean los funcionarios de los organismos internacionales en realizar concursos para elegir a las entidades encargadas de administrarlos.

Cabe señalar que el pasado 21 de mayo, la CAF informó que inició, conjuntamente con el BID, un proceso de identificación de entidades privadas interesadas en administrar un fondo de capital para proyectos de infraestructura en Perú.

Por otro lado, Arista informó que el MEF ya envió a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) su opinión sobre la propuesta para aplicar el sistema de retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Sin embargo, evitó dar detalles sobre la opinión del ministerio y sólo dijo que los usuarios pueden seguir usando tranquilos sus tarjetas de crédito y débito.

También mencionó que el Banco Central de Reserva (BCR) podría seguir reduciendo su tasa de interés de referencia para seguir impulsando un aumento en la demanda interna, aunque no quiso ahondar en el tema para evitar conflictos con el ente emisor.

De otro lado, se opuso al proyecto de ley que se debate en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República para autorizar el incremento de los pagos por concepto de Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) en los gobiernos regionales que disponen de recursos en exceso.

“Esto significa dar, de una manera muy abierta, un espacio para que los mismos titulares de estos pliegos puedan incrementar sus remuneraciones, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal”, manifestó.

En ese sentido, indicó que esto originaría una mayor presión de pedidos por mayores incrementos remunerativos por parte de los gobiernos regionales que no tienen excesivos recursos.

“Además, las entidades que cuentan con disponibilidad de recursos para realizar mayores pagos por CAFAE estarían desatendiendo el financiamiento de otras actividades (inversión) para satisfacer estas presiones remunerativas”, concluyó.