Hasta por la suma de 124 millones 827 mil nuevos soles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará modificaciones presupuestales con la finalidad de destinar esos recursos a financiar el inicio de las obras civiles y electromecánicas del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, conocido como el Tren Eléctrico, para el tramo Villa El Salvador – Avenida Grau.

Según un decreto de urgencia del Poder Ejecutivo, publicado, se exonera al MTC de algunas disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2009 y en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para que pueda realizar dichas modificaciones presupuestales.

Los recursos que serán objeto de las modificaciones presupuestarias no podrán ser destinados a fines distintos al establecido en el decreto de urgencia, bajo responsabilidad.

La medida será implementada durante el ejercicio fiscal 2009 y se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a calendarizar los recursos autorizados en el decreto.

En la víspera, el MTC suscribió el contrato de concesión de las obras civiles y electromecánicas del nuevo tramo del Tren Eléctrico con el Consorcio Tren Eléctrico Lima, integrado por las empresas Graña y Montero (Perú) y Norberto Odebrecht (Brasil).

El Consorcio Tren Eléctrico había manifestado a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) que al día siguiente de la suscripción del contrato de concesión iban a presentar su solicitud de adelanto de recursos.

Para ello, el consorció presentó una carta fianza por 82.04 millones de dólares, con la finalidad de garantizar el “Adelanto Directo”.

Una vez solicitado el adelanto, éste deberá ser entregado dentro de los siete días naturales siguientes, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Teniendo en cuenta la perentoriedad del plazo y estando próximos al cierre del ejercicio presupuestal 2009, es necesario dictar medidas a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del citado contrato de ejecución de obra, y evitar la aplicación de penalidades en contra del Estado”, dijo el Poder Ejecutivo.